La contratación de detectives privados para comprobar posibles irregularidades durante una situación de incapacidad temporal es una práctica legal en España. Sin embargo, la empresa no dispone de una facultad ilimitada de vigilancia.

La investigación debe partir de una finalidad legítima, responder a indicios concretos y respetar los derechos fundamentales de la persona trabajadora. Cuando estos requisitos no se cumplen, el informe del detective puede ser declarado ilícito y la actuación empresarial puede tener consecuencias laborales y económicas.

La facultad empresarial de vigilancia y control

El punto de partida se encuentra en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, que permite al empresario adoptar las medidas de vigilancia y control que considere oportunas para comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Esta facultad debe ejercerse respetando la dignidad de la persona trabajadora y los límites derivados de sus derechos fundamentales. Por tanto, no ampara investigaciones indiscriminadas ni seguimientos basados únicamente en sospechas genéricas.

En situaciones de incapacidad temporal, la empresa puede tratar de comprobar si el trabajador desarrolla actividades incompatibles con su recuperación o si su comportamiento evidencia una posible transgresión de la buena fe contractual.

No obstante, el simple hecho de realizar una actividad durante una baja médica no determina automáticamente la existencia de fraude. Debe analizarse si dicha actividad perjudica la recuperación, prolonga injustificadamente la incapacidad o resulta incompatible con las limitaciones que motivaron la baja.

¿Cuándo puede intervenir un detective privado?

El artículo 48 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, permite a los detectives privados realizar investigaciones sobre conductas o hechos relacionados con el ámbito laboral cuando exista un encargo legítimo.

La contratación debe estar respaldada por un interés legítimo y la investigación ha de respetar los principios de:

• Razonabilidad.
• Necesidad.
• Idoneidad.
• Proporcionalidad.

Esto significa que el seguimiento debe limitarse al tiempo, los lugares y las actuaciones estrictamente necesarios para comprobar los hechos que motivaron el encargo.

La misma norma establece un límite especialmente relevante: en ningún caso puede investigarse la vida íntima de las personas dentro de sus domicilios u otros lugares reservados.

El derecho a la intimidad como límite

La facultad de control empresarial debe conciliarse con el derecho a la intimidad reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución Española.

Por este motivo, una investigación que podría resultar legítima en un espacio público puede convertirse en ilícita cuando se desarrolla en el domicilio del trabajador o en un entorno que, por sus características, deba considerarse reservado.

Además, el detective no puede recurrir a medios que atenten contra el honor, la intimidad personal o familiar, la propia imagen, el secreto de las comunicaciones o la protección de datos personales.

El Tribunal Supremo y las fotografías tomadas en el jardín de una vivienda

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo analizó el caso de un trabajador que se encontraba de baja por una dolencia cervical. La empresa contrató a un detective, que lo fotografió realizando tareas físicas en el jardín y el huerto de su vivienda.

A partir de esas imágenes, la empresa acordó su despido disciplinario por considerar que estaba realizando actividades incompatibles con su incapacidad temporal.

El Tribunal Supremo consideró ilícita la prueba. Entendió que el jardín formaba parte de un ámbito en el que se desarrollaba la vida personal y familiar del trabajador y que debía permanecer protegido frente a intromisiones de terceros.

La resolución confirma que la protección no se limita al interior físico de la vivienda. También puede extenderse a espacios exteriores vinculados al domicilio cuando tengan carácter privado o reservado.

El seguimiento realizado en un club de golf privado

En otra resolución relevante, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco confirmó la condena impuesta a una empresa que contrató a un detective para seguir a un empleado en situación de incapacidad temporal.

Parte de la vigilancia se desarrolló dentro de un club de golf privado. El tribunal consideró que se trataba de un espacio reservado y que el seguimiento había vulnerado el derecho a la intimidad del trabajador.

La empresa fue condenada a indemnizar al empleado por la lesión de sus derechos fundamentales. Este pronunciamiento demuestra que el concepto de lugar reservado no se limita necesariamente al domicilio y puede comprender otros espacios privados cuyo acceso está restringido.

¿Puede utilizarse el informe del detective en un juicio?

Los informes elaborados por detectives privados pueden aportarse como prueba en un procedimiento laboral. Sin embargo, su validez dependerá de que la investigación y la obtención de las imágenes o informaciones hayan respetado la legalidad.

Cuando la prueba se obtiene mediante la vulneración de un derecho fundamental, puede ser declarada ilícita y quedar excluida del procedimiento.

Esto puede provocar, entre otras consecuencias:

• Que el informe no pueda utilizarse para justificar una sanción o un despido.
• Que el despido sea declarado improcedente o, dependiendo de las circunstancias, nulo.
• Que la empresa deba abonar una indemnización por vulneración de derechos fundamentales.
• Que una investigación inicialmente destinada a proteger los intereses empresariales termine perjudicando su posición procesal.

Cautelas antes de contratar a un detective

Antes de encargar una investigación, la empresa debería comprobar que existen indicios objetivos suficientes y definir claramente qué hechos pretende acreditar.

También es recomendable delimitar expresamente el alcance del encargo, evitando seguimientos excesivamente prolongados o abiertos y excluyendo cualquier actuación dentro de domicilios o lugares reservados.

La medida debe ser proporcionada a la gravedad de los hechos investigados. Además, una vez recibido el informe, conviene analizar jurídicamente su contenido antes de adoptar una decisión disciplinaria.

La contratación de un detective puede ser una herramienta legítima para comprobar posibles incumplimientos laborales, pero debe utilizarse con especial cautela. La existencia de sospechas no permite desconocer los derechos fundamentales de la persona investigada.

En Solium Legal asesoramos a empresas y profesionales en materia laboral, medidas de control empresarial, procedimientos disciplinarios y protección de derechos fundamentales.